El próximo lunes, el Ministerio Público apelará la decisión del Tribunal de Garantía que vinculó a proceso por lesiones a dos hombres señalados públicamente por el delito de secuestro.
Jorge González Nicolás, fiscal de Prevención y Persecución del Delito, dijo que en este caso la víctima declinó acusar a los detenidos y advirtió que de ser llevado al estrado se abstendría de acusar a los imputados.
Ante esta situación, dijo que la representación social no logró sustentar los cargos imputados inicialmente, sin embargo, han encontrado más elementos de prueba para fincar responsabilidades legales contra los dos detenidos por el delito de lesiones.
Los dos hombres acusados de secuestro agravado, asociación delictuosa, posesión de vehículo robado y lesiones, fueron vinculados a proceso sólo por este último delito.
La defensora de los acusados, Alma Delia Nájera, explicó que durante la audiencia de vinculación las pruebas aportadas por las fiscales Adriana Martínez Rojas García, Dalila Muñoz Jiménez y Joryana Martínez Martínez, no fueron suficientes para demostrar la culpabilidad de sus defendidos en tres de los delitos, por lo que fueron absueltos.
Agregó que Carlos Eduardo Arzabal Pascual, de 24 años, y Carlos Eduardo García Rivera, de 22, serán procesados sólo por el delito de lesiones cometidas en perjuicio de un menor de 15 años el pasado 31 de octubre, determinó la juez Yazel Iradiel Villanueva.
De acuerdo con el relato de los hechos incluido en la carpeta de investigación número 1547/09, los acusados fueron detenidos en una vivienda de la colonia Lomas del Valle, tras una denuncia anónima.
Cuando los agentes llegaron a la vivienda de la calle Valle Varosa número 2620-31, encontraron en el interior a cuatro hombres armados.
Uno de los hombres era Carlos Eduardo García Rivera, quien traía en las bolsas de su bermuda 33 envoltorios con cocaína y mariguana, así como un cuchillo de 20 centímetros a la altura de la cintura.
Arzabal Pascual fue encontrado empuñando un arma AK-47 “cuerno de chivo”. Las otras dos personas en la vivienda eran menores de edad.
En el domicilio también fue localizado otro menor que presuntamente había sido plagiado por los detenidos, quien estaba amarrado de pies y manos sobre un colchón, herido en el pie izquierdo y envuelto con una chamarra gris que tenía manchas de sangre.
El menor presentaba también quemaduras y al momento de ser rescatado por las autoridades identificó a los detenidos como las personas que lo habían secuestrado. La víctima señaló a Arzabal Pascual como quien lo torturó haciéndole una cortada en el pie izquierdo y golpeándolo en diversas partes del cuerpo.
A su vez, la víctima también informó a los agentes que escuchó a sus plagiarios decir que habían robado la camioneta Mercury Villager gris sin placas de circulación en la que lo “levantaron”.
El fiscal indicó que en este caso se estableció que el menor estaba involucrado en actividades ilícitas y un adeudo por la venta de un inhalante fue el motivo de la privación ilegal de la libertad.
Indicó que no existe el ánimo de criminalizar a la víctima, pero aseguró que la decisión del menor de edad, apoyado por su madre, fue un golpe para la Fiscalía, ya que existe un delito grave y el ofendido se resiste a acusar.
“Se va a apelar ante el tribunal de alzada porque no estamos conformes con la decisión del juzgador y vamos reunir más elementos de prueba contra los imputados”, aseguró.
Dijo que la actuación de los Ministerios Públicos también encendió un foco rojo y ya se sostuvo una reunión con las agentes para que no den pasos en falso.
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