Ramón Chaparro
El Diario | 18-12-2010 | 00:58
Los jueces Rafael Boudib Jurado, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Catalina Ochoa Contreras acudieron ayer por la mañana a sus respectivas oficinas ubicadas en la Ciudad Judicial, sin imaginarse que a esa misma hora el gobernador del Estado, César Duarte pedía su suspensión y desafuero.
Los tres resolutores dictaron el controvertido fallo de absolución de Sergio Rafael Barraza Bocanegra el pasado 29 de abril, respecto a la muerte de Rubí Marisol Frayre Escobedo.
Una vez que se enteraron que habían sido suspendidos, los tres jueces recibieron la orden de no dar declaraciones a la prensa, aunque mostraron una evidente preocupación por lo sucedido.
Desde temprana hora representantes de los medios de comunicación se apostaron en el exterior del módulo 1, donde se ubican las oficinas de jueces orales, sin que pudieran hacer contacto con ellos para entrevistarlos.
Catalina Ochoa Contreras y Boudid Jurado avisaron por medio de su respectivo personal de apoyo que no iba a recibir a ningún periodista.
Netzahualcóyotl Zúñiga fue el único que permitió el acceso a los reporteros, pero sólo para hacerles saber que no podía hacer declaraciones.
A partir de hoy, todo el personal del Sistema de Justicia inicia un periodo de vacaciones que concluirá el próximo tres de enero. En esa fecha, los resolutores tenían programado un nuevo Juicio Oral.
Al mediodía de ayer, los jueces fueron informados de que en la capital del Estado sesionaría el Supremo Tribunal de Justicia a la 1:00 de la tarde, para tratar su caso.
Al término de la reunión fueron notificados de que por unanimidad los tres habían sido suspendidos de sus funciones.
El asunto que se desahogaba todos los jueces del Sistema de Justicia Penal creían superado, debido a que en mayo abogados de todo el estado luego de analizar el fallo resolvieron que los juzgadores actuaron apegados a derecho.
La preocupación de muchos de los jueces de Garantía y Orales, que pidieron la reserva de sus nombres, es que ahora su trabajo pueda estar en riesgo si generan fallos, que además de incomodar a los imputados, resulten contrarios a los intereses de los gobernantes en turno.
Muchos de ellos se preguntaron dónde está pues la autonomía del Poder Judicial, ya que en menos de siete meses dos gobernadores han interferido en sus funciones.
Los tres resolutores dictaron el controvertido fallo de absolución de Sergio Rafael Barraza Bocanegra el pasado 29 de abril, respecto a la muerte de Rubí Marisol Frayre Escobedo.
Una vez que se enteraron que habían sido suspendidos, los tres jueces recibieron la orden de no dar declaraciones a la prensa, aunque mostraron una evidente preocupación por lo sucedido.
Desde temprana hora representantes de los medios de comunicación se apostaron en el exterior del módulo 1, donde se ubican las oficinas de jueces orales, sin que pudieran hacer contacto con ellos para entrevistarlos.
Catalina Ochoa Contreras y Boudid Jurado avisaron por medio de su respectivo personal de apoyo que no iba a recibir a ningún periodista.
Netzahualcóyotl Zúñiga fue el único que permitió el acceso a los reporteros, pero sólo para hacerles saber que no podía hacer declaraciones.
A partir de hoy, todo el personal del Sistema de Justicia inicia un periodo de vacaciones que concluirá el próximo tres de enero. En esa fecha, los resolutores tenían programado un nuevo Juicio Oral.
Al mediodía de ayer, los jueces fueron informados de que en la capital del Estado sesionaría el Supremo Tribunal de Justicia a la 1:00 de la tarde, para tratar su caso.
Al término de la reunión fueron notificados de que por unanimidad los tres habían sido suspendidos de sus funciones.
El asunto que se desahogaba todos los jueces del Sistema de Justicia Penal creían superado, debido a que en mayo abogados de todo el estado luego de analizar el fallo resolvieron que los juzgadores actuaron apegados a derecho.
La preocupación de muchos de los jueces de Garantía y Orales, que pidieron la reserva de sus nombres, es que ahora su trabajo pueda estar en riesgo si generan fallos, que además de incomodar a los imputados, resulten contrarios a los intereses de los gobernantes en turno.
Muchos de ellos se preguntaron dónde está pues la autonomía del Poder Judicial, ya que en menos de siete meses dos gobernadores han interferido en sus funciones.
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