Blanca Elizabeth Carmona
El Diario | 01-12-2010 | 00:26
El Diario | 01-12-2010 | 00:26
Luego que el domingo pasado el detenido Arturo Gallegos Castrellón, “El Farmero” fue presentado por la Policía Federal como autor del 80 por ciento de los crímenes registrados aquí en el último año y medio (que serían alrededor de 3 mil 400), pero sólo se le fincaron cargos por otros delitos y no por homicidio, abogados locales expresaron que la postura de la PF lastima y hasta se burla de los juarenses.
La exhibición que la corporación hizo de “El Farmero”, agregaron, es mediática más que legal, y busca cambiar la percepción de impunidad entre los fronterizos.
Además, desde el punto de vista técnico, señalaron, en Chihuahua es más difícil que en otras entidades federativas reunir los elementos de prueba para acreditar la posible responsabilidad de “El Farmero” en tan numerosos homicidios, porque aquí se aplica un sistema donde no es suficiente la confesión.
El vicepresidente de la Confederación Nacional de Abogados de México en la Zona Norte, Héctor González Mocken, indicó que la postura de la PF lastima a los fronterizos pues la realidad jurídica de Gallegos Castrellón es que no se tienen pruebas suficientes para involucrarlo en el delito de homicidio.
“Lastima la credibilidad, el hecho de que digan que esta persona es la responsable cuando no se tiene la suficiente consistencia para afirmar una noticia de este tipo. Como que se juega un poquito con la opinión pública, como que se quiere demostrar que se está resolviendo el problema de golpe y porrazo cuando realmente ese tipo de noticias son cíclicas y repetitivas”, afirmó.
“La autoincriminación está blindada, debe estar concatenada o entrelazarse con otros elementos de prueba. En el sistema acusatorio de Chihuahua la autoconfesión requiere de otros testimonios, otro tipo de pruebas que puedan entrelazarse entre sí para que evidencien la probable responsabilidad, no basta la confesión, no es suficiente”, expresó.
Agregó que esa situación jurídica del detenido “es muy frágil; de entrada con la reforma penal lo que se trata de superar es la experiencia que se tuvo muchos años con el anterior sistema, de emplear la tortura, la presión para que la persona confiese actos que no cometió. Entonces se requiere una investigación previa, con elementos de convicción para que hagan probable la responsabilidad de esta persona”.
Por su parte, el presidente del Consejo de Vigilancia de la Confederación de Abogados de México, Salvador Urbina Quiroz, expresó que “da mucho qué decir esta actuación de la PF, porque ante los medios y a la población informan algo contradictorio y que no coincide con lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado”
Y también vemos con tristeza –prosiguió– que otra vez aparecen personas, “como lo han hecho el Ejército y la Procuraduría en la administración pasada, que anuncian la detención de una persona a la que le imputan decenas o centenas de homicidios y ahora hasta resultan miles”.
Urbina dijo que “cada vez es peor, recordemos todos las imputaciones que hacía el Ejército a una o dos o tres personas que los cargaban y anunciaban en los medios de comunicación que esas personas eran responsables de tantas decenas de homicidios, cuando en realidad no judicializaba a ninguno, ni había acusaciones formales”.
El litigante resaltó que esta postura de las autoridades federales no contribuye a nada y hace daño a Ciudad Juárez. “Lastima que la PF esté jugando con eso y esté manejando a los medios de comunicación y mal informando a la comunidad sobre este tipo de situación. Lamentamos y reprochamos este tipo de actitudes que no deben suceder e incluso debe existir responsabilidad para quien informe de esta manera tan dolosa o que trata de sorprender a la sociedad y los medios”, comentó.
Urbina Quiroz afirmó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no investiga a “El Farmero”, porque a la fecha no ha iniciado ninguna carpeta en su contra. Por tanto, dijo, es una acción mediática la implementada por el Gobierno del presidente de la República, Felipe Calderón, que exhibe la descoordinación entre ambas instancias, a pesar de que el lunes pasado en conferencia de prensa conjunta dieron a conocer supuestos avances en materia de seguridad pública.
A su vez, Gustavo de la Rosa Hickerson, abogado, director del Centro de Confianza Ciudadana y visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) explicó que actualmente el proceso penal de Gallegos Castrellón está en el ámbito federal, el cual no está facultado para investigar delitos en materia del fuero común.
“Se está haciendo demasiado ruido y estamos muy lejos de poder tener la certeza de que él (Gallegos Castrellón) haya participado en alguno de los homicidios tan graves como los del Consulado o los de la colonia Salvárcar; si participó en éstos, es un hombre muy peligroso, no necesita haber participado en tantos hechos criminales”, refirió.
El visitador dijo en tono irónico que incluso el presunto Azteca puede decir que mató a Jesucristo, pero “ese tipo de declaraciones de los delincuentes hay que tomarlas con mucha reserva, hay que ser sensatos y cuidadosos porque muchas veces esas autoinculpaciones son meras ilusiones de ellos mismos. Lo que es aconsejable en estos momentos es que la Fiscalía General del Estado ya se ponga a tomar las declaraciones de él, que trabajen, para ver cuáles delitos se le pueden probar”.
La exhibición que la corporación hizo de “El Farmero”, agregaron, es mediática más que legal, y busca cambiar la percepción de impunidad entre los fronterizos.
Además, desde el punto de vista técnico, señalaron, en Chihuahua es más difícil que en otras entidades federativas reunir los elementos de prueba para acreditar la posible responsabilidad de “El Farmero” en tan numerosos homicidios, porque aquí se aplica un sistema donde no es suficiente la confesión.
El vicepresidente de la Confederación Nacional de Abogados de México en la Zona Norte, Héctor González Mocken, indicó que la postura de la PF lastima a los fronterizos pues la realidad jurídica de Gallegos Castrellón es que no se tienen pruebas suficientes para involucrarlo en el delito de homicidio.
“Lastima la credibilidad, el hecho de que digan que esta persona es la responsable cuando no se tiene la suficiente consistencia para afirmar una noticia de este tipo. Como que se juega un poquito con la opinión pública, como que se quiere demostrar que se está resolviendo el problema de golpe y porrazo cuando realmente ese tipo de noticias son cíclicas y repetitivas”, afirmó.
“La autoincriminación está blindada, debe estar concatenada o entrelazarse con otros elementos de prueba. En el sistema acusatorio de Chihuahua la autoconfesión requiere de otros testimonios, otro tipo de pruebas que puedan entrelazarse entre sí para que evidencien la probable responsabilidad, no basta la confesión, no es suficiente”, expresó.
Agregó que esa situación jurídica del detenido “es muy frágil; de entrada con la reforma penal lo que se trata de superar es la experiencia que se tuvo muchos años con el anterior sistema, de emplear la tortura, la presión para que la persona confiese actos que no cometió. Entonces se requiere una investigación previa, con elementos de convicción para que hagan probable la responsabilidad de esta persona”.
Por su parte, el presidente del Consejo de Vigilancia de la Confederación de Abogados de México, Salvador Urbina Quiroz, expresó que “da mucho qué decir esta actuación de la PF, porque ante los medios y a la población informan algo contradictorio y que no coincide con lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado”
Y también vemos con tristeza –prosiguió– que otra vez aparecen personas, “como lo han hecho el Ejército y la Procuraduría en la administración pasada, que anuncian la detención de una persona a la que le imputan decenas o centenas de homicidios y ahora hasta resultan miles”.
Urbina dijo que “cada vez es peor, recordemos todos las imputaciones que hacía el Ejército a una o dos o tres personas que los cargaban y anunciaban en los medios de comunicación que esas personas eran responsables de tantas decenas de homicidios, cuando en realidad no judicializaba a ninguno, ni había acusaciones formales”.
El litigante resaltó que esta postura de las autoridades federales no contribuye a nada y hace daño a Ciudad Juárez. “Lastima que la PF esté jugando con eso y esté manejando a los medios de comunicación y mal informando a la comunidad sobre este tipo de situación. Lamentamos y reprochamos este tipo de actitudes que no deben suceder e incluso debe existir responsabilidad para quien informe de esta manera tan dolosa o que trata de sorprender a la sociedad y los medios”, comentó.
Urbina Quiroz afirmó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no investiga a “El Farmero”, porque a la fecha no ha iniciado ninguna carpeta en su contra. Por tanto, dijo, es una acción mediática la implementada por el Gobierno del presidente de la República, Felipe Calderón, que exhibe la descoordinación entre ambas instancias, a pesar de que el lunes pasado en conferencia de prensa conjunta dieron a conocer supuestos avances en materia de seguridad pública.
A su vez, Gustavo de la Rosa Hickerson, abogado, director del Centro de Confianza Ciudadana y visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) explicó que actualmente el proceso penal de Gallegos Castrellón está en el ámbito federal, el cual no está facultado para investigar delitos en materia del fuero común.
“Se está haciendo demasiado ruido y estamos muy lejos de poder tener la certeza de que él (Gallegos Castrellón) haya participado en alguno de los homicidios tan graves como los del Consulado o los de la colonia Salvárcar; si participó en éstos, es un hombre muy peligroso, no necesita haber participado en tantos hechos criminales”, refirió.
El visitador dijo en tono irónico que incluso el presunto Azteca puede decir que mató a Jesucristo, pero “ese tipo de declaraciones de los delincuentes hay que tomarlas con mucha reserva, hay que ser sensatos y cuidadosos porque muchas veces esas autoinculpaciones son meras ilusiones de ellos mismos. Lo que es aconsejable en estos momentos es que la Fiscalía General del Estado ya se ponga a tomar las declaraciones de él, que trabajen, para ver cuáles delitos se le pueden probar”.
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