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El Diario | 26-01-2011 | 00:50
A punto de cumplirse el primer año de la masacre de Villas de Salvárcar, los cinco detenidos se encuentran todavía sin acusación formal por parte del ministerio público del estado.
Datos obtenidos en el Poder Judicial indican además que los plazos de investigación impuestos por los jueces después de la vinculación a proceso de cada indiciado se vencieron hace meses, entre julio y octubre de 2010, sin que los fiscales estatales cumplieran con su obligación de presentar el escrito formal de acusación para que continuaran los procesos.
El escrito de acusación en cambio, fue presentado apenas el pasado 6 de enero al Poder Judicial, pero lo regresó a la Fiscalía General al detectar un error en el nombre de una de las víctimas enlistadas por el ministerio público.
Por el error, para el Poder Judicial no ha empezado a correr el plazo legal que hay entre la acusación y la “audiencia intermedia”, paso previo al juicio oral.
Los cinco detenidos por la masacre son José Dolores Arroyo Chavarría, Israel Arzate Meléndez, Aldo Favio Hernández Lozano, Juan Alfredo Soto Arias y Heriberto Martínez, aprehendidos en diferentes fechas entre febrero y marzo de 2010 y todos incluidos en la causa penal 130/2010, correspondiente a la investigación de la masacre en Villas de Salvárcar.
Por estos crímenes todos fueron vinculados a proceso entre los meses de febrero y julio, cuando varios tribunales decidieron que con base en las declaraciones que rindieron –casi todas ante el Ejército Mexicano–, había elementos para considerarlos como probables responsables de los delitos de homicidio calificado en contra de las 15 víctimas de la masacre, y de homicidio calificado en grado de tentativa contra otros 10 sobrevivientes.
De acuerdo con los datos del Poder Judicial, el tribunal de garantía que el 10 de febrero de 2010 vinculó a proceso a Arroyo y a Arzate, fijó cuatro meses como plazo para la investigación, periodo que se venció desde el pasado 11 de junio.
El 4 de marzo siguiente, otro tribunal vinculó a proceso a Hernández Lozano y fijó el 4 de julio de 2010 para cerrar la investigación. Luego, el 9 de julio, se dictó auto de vinculación a proceso contra Soto Arias y Martínez y se ordenó que la investigación cerrara el 9 de octubre siguiente.
De acuerdo con el artículo 285 del Código de Procedimientos Penales vigente en el estado, el plazo de investigación no puede en ningún caso ser superior a seis meses, después de los cuales, según el artículo el 287, el ministerio público debe decidir en un plazo de 10 días si presenta acusación formal.
Para uno de los abogados defensores de los acusados –quien pidió no ser identificado– la violación a los plazos de investigación no tiene consecuencia procesal, por lo que ha sido práctica común en los procesos penales que el ministerio público sobrepase la fecha fijada por los jueces.
Ayer, el área de comunicación social de la Fiscalía General no tuvo disponible la fecha en la que después de corregir el error, el ministerio público volverá a presentar el escrito de acusación contra los detenidos, un requisito para que el Poder Judicial fije fecha para la audiencia intermedia, el paso previo al juicio oral.
En el caso de Villas de Salvárcar, además de la falta de acusación y de audiencia intermedia, hay varios acusados que han alegado que confesaron su participación en la matanza después de horas de tortura en manos de personal del Ejército Mexicano.
Tal es el caso de Arzate, presentado el 6 de febrero ante los medios de comunicación como presunto coautor material de la masacre y quien, ante la prensa, dijo haber participado como vigilante en el exterior de una de las viviendas donde ocurrieron los hechos.
Arzate, relató posteriormente que fue sometido a tortura, y así lo documentó el año pasado la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, siglas en inglés) que citó el caso en un reporte sobre violaciones a derechos humanos en México.
Otro presunto responsable de los crímenes en Villas de Salvárcar es Juan Alfredo Soto Arias, alias “El 7”, presentado ante los medios el 17 de marzo como presunto autor de esos y otros homicidios.
Soto Arias también denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que confesó después de haber sido torturado por elementos militares.
El primer detenido por esos hechos fue Arroyo, arrestado el 1 de febrero luego de una persecución en la que cayó asesinado Adrián Ramírez, supuesto integrante de “La Línea”; según el Ejército Mexicano fue quien comandó la multiejecución de Villas de Salvárcar, ordenada por José Antonio Acosta, presunto jefe de “La Línea” que está prófugo.
Arroyo, también llegó severamente golpeado a su reclusión en el Centro de Readaptación Social estatal en esta frontera.
Datos obtenidos en el Poder Judicial indican además que los plazos de investigación impuestos por los jueces después de la vinculación a proceso de cada indiciado se vencieron hace meses, entre julio y octubre de 2010, sin que los fiscales estatales cumplieran con su obligación de presentar el escrito formal de acusación para que continuaran los procesos.
El escrito de acusación en cambio, fue presentado apenas el pasado 6 de enero al Poder Judicial, pero lo regresó a la Fiscalía General al detectar un error en el nombre de una de las víctimas enlistadas por el ministerio público.
Por el error, para el Poder Judicial no ha empezado a correr el plazo legal que hay entre la acusación y la “audiencia intermedia”, paso previo al juicio oral.
Los cinco detenidos por la masacre son José Dolores Arroyo Chavarría, Israel Arzate Meléndez, Aldo Favio Hernández Lozano, Juan Alfredo Soto Arias y Heriberto Martínez, aprehendidos en diferentes fechas entre febrero y marzo de 2010 y todos incluidos en la causa penal 130/2010, correspondiente a la investigación de la masacre en Villas de Salvárcar.
Por estos crímenes todos fueron vinculados a proceso entre los meses de febrero y julio, cuando varios tribunales decidieron que con base en las declaraciones que rindieron –casi todas ante el Ejército Mexicano–, había elementos para considerarlos como probables responsables de los delitos de homicidio calificado en contra de las 15 víctimas de la masacre, y de homicidio calificado en grado de tentativa contra otros 10 sobrevivientes.
De acuerdo con los datos del Poder Judicial, el tribunal de garantía que el 10 de febrero de 2010 vinculó a proceso a Arroyo y a Arzate, fijó cuatro meses como plazo para la investigación, periodo que se venció desde el pasado 11 de junio.
El 4 de marzo siguiente, otro tribunal vinculó a proceso a Hernández Lozano y fijó el 4 de julio de 2010 para cerrar la investigación. Luego, el 9 de julio, se dictó auto de vinculación a proceso contra Soto Arias y Martínez y se ordenó que la investigación cerrara el 9 de octubre siguiente.
De acuerdo con el artículo 285 del Código de Procedimientos Penales vigente en el estado, el plazo de investigación no puede en ningún caso ser superior a seis meses, después de los cuales, según el artículo el 287, el ministerio público debe decidir en un plazo de 10 días si presenta acusación formal.
Para uno de los abogados defensores de los acusados –quien pidió no ser identificado– la violación a los plazos de investigación no tiene consecuencia procesal, por lo que ha sido práctica común en los procesos penales que el ministerio público sobrepase la fecha fijada por los jueces.
Ayer, el área de comunicación social de la Fiscalía General no tuvo disponible la fecha en la que después de corregir el error, el ministerio público volverá a presentar el escrito de acusación contra los detenidos, un requisito para que el Poder Judicial fije fecha para la audiencia intermedia, el paso previo al juicio oral.
En el caso de Villas de Salvárcar, además de la falta de acusación y de audiencia intermedia, hay varios acusados que han alegado que confesaron su participación en la matanza después de horas de tortura en manos de personal del Ejército Mexicano.
Tal es el caso de Arzate, presentado el 6 de febrero ante los medios de comunicación como presunto coautor material de la masacre y quien, ante la prensa, dijo haber participado como vigilante en el exterior de una de las viviendas donde ocurrieron los hechos.
Arzate, relató posteriormente que fue sometido a tortura, y así lo documentó el año pasado la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, siglas en inglés) que citó el caso en un reporte sobre violaciones a derechos humanos en México.
Otro presunto responsable de los crímenes en Villas de Salvárcar es Juan Alfredo Soto Arias, alias “El 7”, presentado ante los medios el 17 de marzo como presunto autor de esos y otros homicidios.
Soto Arias también denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que confesó después de haber sido torturado por elementos militares.
El primer detenido por esos hechos fue Arroyo, arrestado el 1 de febrero luego de una persecución en la que cayó asesinado Adrián Ramírez, supuesto integrante de “La Línea”; según el Ejército Mexicano fue quien comandó la multiejecución de Villas de Salvárcar, ordenada por José Antonio Acosta, presunto jefe de “La Línea” que está prófugo.
Arroyo, también llegó severamente golpeado a su reclusión en el Centro de Readaptación Social estatal en esta frontera.
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