Inmerso el estado en una crisis de inseguridad inédita, el gobernador José Reyes Baeza Terrazas concluye su gestión de seis años en un ambiente de contrastes que, según confesó, ni a él lo deja satisfecho.
Si bien con la construcción de obras públicas ejerció una inversión significativa, sobre todo en esta frontera, la embestida del crimen organizado –de la que no se escaparon ni las instituciones de su gobierno– echó abajo los propósitos y retos del gobernador de tener y hacer sentir segura a la ciudadanía, sobre todo a la juarense.
A tal extremo se desató la violencia criminal, que impulsó la espiral de la muerte hasta alcanzar niveles nunca vistos en la entidad y que tan sólo en esta localidad cobró la vida de 7 mil 500 personas durante su sexenio; peor aún, la mayoría de estos homicidios quedaron sin resolver.
sta situación se presentó pese a que solicitó y logró el respaldo de las fuerzas federales que desde hace más de 30 meses mantienen un trabajo conjunto en la entidad.
Pero el crimen, coinciden representantes ciudadanos, también arrastró al fracaso a dos de las principales apuestas de su administración y con las que buscó consolidar su mandato: la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y el nuevo Sistema de Justicia Penal.
Las consecuencias de estas circunstancias se tradujeron para Ciudad Juárez en el cierre de negocios, desempleo y, en los últimos dos años, en el éxodo de más de 230 mil personas, de las cuales se estima que más de la mitad se refugiaron en alguna ciudad de los Estados Unidos.
“Han sido años muy complejos para los chihuahuenses, para los juarenses en particular”, afirmó José Reyes Baeza durante su última visita a la ciudad, en un ejercicio de autocrítica a su gestión, la cual, dijo, concluye con una “sensación agridulce”.
“Hay aspectos en los que no hemos avanzado lo suficiente” y mencionó precisamente la seguridad pública, pero no hubo oportunidad de abundar al respecto porque luego de estas declaraciones realizadas aquí el lunes pasado rechazó una entrevista solicitada por El Diario.
En esas breves declaraciones a la prensa dijo que hay otras cosas que lo hacen sentir satisfecho, como los logros en materia educativa, carreteras, en infraestructura cultural, de vivienda, que hoy pretende abundar en su sexto y último informe.
A pesar de que estos logros son reconocidos por representantes de diversos sectores, éstos coinciden en que sus efectos en la vida cotidiana quedaron “eclipsados” porque las necesidades ciudadanas más apremiantes eran otras: seguridad y procuración de justicia.
Obras Públicas
De acuerdo con los datos oficiales, durante los últimos seis años el Gobierno del Estado ejerció casi 4 mil millones de pesos, una cifra significativa si se considera que la cantidad invertida en conjunto por las dos administraciones anteriores fue de 6 mil 800 millones de pesos.
Al palomear la lista de sus compromisos con los juarenses se desprende que pudo terminar dos Centros Avanzados de Atención Primaria a la Salud (CAAPS), en Águilas de Zaragoza y Anapra, el Centro Ambulatorio para Atención al SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (CAPASITS), el Centro Cívico Cultural Paso del Norte, construyó la Ciudad Judicial y un nuevo edificio para la Subprocuraduría Zona Norte, un gimnasio para los alumnos del Cobach, la segunda etapa del Hospital Infantil segunda etapa.
Además la Unidad Deportiva Siglo XXI, inaugurada la semana pasada, el Complejo Deportivo para la UACJ, la carretera Anapra-Jerónimo, un anillo perimetral con tres pasos superiores, además otros pasos elevados en eje vial Juan Gabriel y López Mateos, así como en la avenida Gómez Morín y el acueducto Conejos Médanos.
“Es uno de los pocos gobiernos estatales que invirtió en Ciudad Juárez, hay que reconocerlo, por la cantidad, la calidad de las obras, en vialidades, educación, etc.” comentó Federico Ziga, represente del Canirac e integrante del Consejo Coordinador Empresarial.
Pero considera que todo ello no fue suficiente para la ciudad que prácticamente durante la segunda mitad del mandato de Baeza sufrió las consecuencias de ser territorio de una guerra que ha dejado a miles de negocios, familias y trabajadores como damnificados.
Pese a ese contexto, “no se dio el apoyo que debió haberse dado en cuestión de seguridad y de impulso a la economía local”, señaló.
Para Hernán Ortiz, vocero de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), durante la gestión de Baeza Terrazas no se hizo ni lo mínimamente necesario, porque de ser así “nos permitiría a los juarenses salir a las calles tranquilos. Si no se logra eso, por mucho que el gobernador publicite sus obras, podemos decir que poco se logró”.
El inconveniente para esta administración fue la embestida del crimen organizado, señaló a su vez Leticia Chavarría, integrante del Observatorio Juarense de Seguridad Pública y Social, quien reclama por el vacío que en este contexto se sintió en el estado.
“Hay una deuda muy grande (de esta administración) no cumplió con su compromiso de dar seguridad y al final de cuentas, pese a las obras realizadas, el balance es negativo porque hubo mucha inseguridad, la procuración de justicia no se dio y ahora estamos pagando las consecuencias”, dijo.
Seguridad y Justicia
La percepción ciudadana de incumplimiento en el rubro de seguridad descansa en que durante la gestión 2004-2010 se cometieron –hasta el día de ayer– 7 mil 521 homicidios, de los cuales 480 han sido contra mujeres y niñas.
Lo más grave es que la mayoría de estos crímenes se quedaron sin resolver, a pesar de que se puso en marcha desde mediados de la administración, un nuevo sistema de justicia penal en el que se invirtieron más de mil 600 millones de pesos, pero que a la vuelta de casi tres años de haber arrancado no ha reducido los índices de impunidad sino al contrario, los elevó a niveles nunca antes vistos.
Estadísticas de la Procuraduría General de Justicia muestran que la investigación del delito se mantiene en niveles incluso más bajos que los registrados en el procedimiento tradicional escrito.
Lo anterior generó una percepción de que, lejos de ayudar, el nuevo procedimiento alienta profundamente el crimen, sobre todo porque en Juárez coincidió con el inicio de la pugna entre grupos de narcotraficantes por la plaza y porque durante este tiempo más de 500 personas presentadas ante los tribunales de Garantía como probables responsables de algún delito, fueron puestas en libertad debido a que los agentes del Ministerio Público no pudieron probar sus acusaciones.
El abogado e investigador universitario Antonio Corral destaca en su estudio “Sobre la aplicación del nuevo modelo de justicia penal en el estado de Chihuahua” que el sistema no sólo incumplió con las expectativas sino que, de alguna manera, contribuyó con la escalada criminal por los altos niveles de impunidad.
“La reforma procesal penal instrumentada y legislada en 2006 con gran despliegue de recursos y publicidad, incumplió con las expectativas generadas en los renglones de incidencia delictiva, tasa de impunidad y grado de seguridad pública en las ciudades del Estado de Chihuahua” menciona el documento.
Virtualmente todos los estratos sociales atribuyen a esta reforma parte relevante en las causas del severo deterioro en las condiciones de seguridad pública en el Estado, apunta.
Esto reproches están avalados en las estadísticas tan sólo de homicidios que, justamente desde la fecha en que entró en vigor, se empezaron a disparar, señala en su análisis el especialista.
Esto, consideró, porque no fue diseñado tomando en cuenta las necesidades y características de la población chihuahuense sino que consistió en la imposición de un paquete normativo foráneo, cuyos principales mecanismos, extraños a la idiosincrasia de la comunidad en que iban a operar, devinieron inaplicables o contraproducentes y terminaron coadyuvando al deterioro de la seguridad pública de la región.
Por lo que en su análisis urge a una revisión integral de la reforma procesal para remover y determinar todo lo que no ha servido, pero “sin limitarse al reacomodo superficial o cosmético de uno u otro dispositivo”.
En materia preventiva, la administración encabezada por Baeza Terrazas registra una situación más grave pese haber creado una costosa Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) –que ejerció más de 5 mil 215 millones de pesos durante los seis años– con sede en esta frontera, y que nació y concluirá su operación junto con el sexenio reyesbaecista –debido a que hace unas semanas el Congreso aprobó su fusión a la Procuraduría General de Justicia para dar vida a una fiscalía general–.
Desde su nacimiento, las acciones de la SSPE, lo resultante de estas y los cinco titulares que tuvo, fueron cuestionados dado que ninguno de los propósitos que le dieron vida se cumplieron, principalmente el de hacer sentir a la ciudadanía segura.
Peor aún, terminó en medio de un cúmulo de sospechas y acusaciones por la presunta relación de varios de sus mandos con el narcotráfico, situación que la propia procuradora Patricia González reveló ayer al ofrecer avances de la investigación sobre la irrupción de un comando al Complejo Estatal de Seguridad Pública, de donde sustrajeron más de 60 armas de varios calibres.
Justo ese día del allanamiento al centro de mando de la SSPE, con sede en la ciudad de Chihuahua, Baeza Terrazas declaró en esta frontera: “Nos vamos con una sensación agridulce, no por nostalgia del ejercicio del poder, simplemente porque después de un esfuerzo muy importante, de la comunidad y tres órdenes de gobierno, hay aspectos en los que no hemos avanzado lo suficiente, (apenas) a cuentagotas pudiéramos decir, y no hemos satisfecho plena y cabalmente una de las necesidades esenciales de la sociedad chihuahuense, principalmente de la juarense, que es la seguridad pública”, indicó.
Economía
En materia económica, el gobierno que concluye también dejó un saldo pendiente, así lo consideran representantes ciudadanos.
Aunque impulsó la creación del Consejo de Promoción y Desarrollo Económico para la ciudad, termina un saldo negativo en empleo, miles de negocios cerrados y con el reclamo airado de que dejó solo al sector productivo ante el Gobierno Federal en la gestión de una amnistía fiscal para esta comunidad fronteriza.
“Cuando pedimos apoyo para conseguir amnistía fiscal no tuvimos eco, y no nos ha apoyado (el Estado) ni el gobierno federal en ese aspecto; obviamente faltó mucho la participación del estado en las mesas donde se llevó esa solicitud”, indicó Federico Ziga Martínez, integrante del Consejo Coordinador y encargado de impulsar esta iniciativa.
Comentó que debido a esta situación se han perdido miles de empleos porque una gran cantidad de empresas cerró.
“Eso es algo que nos preocupa y vemos muy difícil que a estas alturas quieran apoyar a Ciudad Juárez”, indicó.
De acuerdo con cifras del IMSS, Baeza Terrazas recibió a Ciudad Juárez con 337 mil 250 personas económicamente activas, es decir, con trabajo, pero en el transcurso de sexenio casi 17 mil de ellos perdieron su empleo.
Pese al saldo negativo en esta frontera, a nivel estatal la cifra está a su favor, pues registra un crecimiento de más del 2 por ciento para concluir con más de 640 mil personas con trabajo.
En este rubro la peor parte la llevó esta comunidad, donde se asienta el 40 por ciento de la población de la entidad.
También se quedó pendiente promover mejores recursos fiscales para Juárez en proporción con las aportaciones que realiza y mejorar los flujos y comunicaciones transfronterizos regionales a través de la Conferencia Fronteriza Binacional Permanente.
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